La paciencia del Gobierno de Canarias ha llegado a su límite. Tras 14 años de una tasa fantasma que casi nadie pagaba, el Ejecutivo regional mueve ficha: la nueva Ley de Protección Civil no solo buscará cobrar el coste del helicóptero, sino sancionar económicamente la irresponsabilidad.
Como periodista que pisa la calle, lo digo claro: ya era hora de que el "selfie" en pleno temporal o el senderismo en chanclas bajo alerta roja dejara de salirnos caro a todos los contribuyentes.
El fracaso de la tasa de 2010: ¿Por qué se iban "de rositas"?
Desde hace más de una década existe una tasa por rescate en el archipiélago. Sin embargo, cobrarla era una odisea burocrática.
El vacío legal: Al no existir un régimen sancionador sólido, muchos expedientes acababan en el cajón.
Imposibilidad de cobro: Sin una ley de Protección Civil que respalde la "negligencia" como infracción administrativa, el imprudente simplemente alegaba desconocimiento o falta de señalización.
¿Qué cambia con la nueva Ley de Protección Civil?
El Gobierno de Canarias está redactando un marco legal que introduce el régimen sancionador. Esto significa que:
No es solo una tasa: Además de pagar el coste del operativo (que puede superar los 3.000 euros por hora de helicóptero), el rescatado podría enfrentarse a una multa adicional.
Definición de negligencia: Se clarificará qué actos son sancionables (saltarse precintos, ignorar alertas rojas de la AEMET o realizar actividades de riesgo sin equipamiento).
Datos curiosos: Lo que cuesta un "despiste"
Para que nos hagamos una idea del dinero público que vuela cada vez que el helicóptero del GES (Grupo de Emergencias y Salvamento) despega por una imprudencia:
Hora de vuelo: Aproximadamente 2.000 - 3.000 euros.
Equipo humano: Intervención de bomberos, patrullas de tierra y coordinadores del 1-1-2.
Riesgo innecesario: Ponemos en peligro la vida de rescatadores por alguien que decidió ignorar una bandera roja en la costa.
Opinión: ¿Seguridad o recaudación?
No se trata de recaudar, se trata de educar a golpe de bolsillo. En una región con una orografía y una meteorología tan caprichosa como la nuestra, el respeto a la normativa de seguridad no puede ser opcional. Si decides subir al Teide con alerta por nevadas o bañarte en el norte con mar de fondo, es justo que asumas las consecuencias. La libertad de cometer una imprudencia termina donde empieza el presupuesto público.
Ahora la pregunta queda en el aire y la polémica está servida: ¿Es suficiente con cobrar el coste del rescate o deberían imponerse multas ejemplares para frenar estas imprudencias de una vez por todas?
Muchos defienden que la seguridad no debería tener precio, pero otros estamos cansados de que el dinero de todos se pierda en rescates que se podrían haber evitado con un poco de sentido común.
¿Qué opinas tú? ¿Crees que esta medida realmente reducirá los incidentes en nuestras costas y senderos o es solo una medida recaudatoria? ¡Te leo en los comentarios! 👇
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