Para comenzar estas líneas de opinión conviene formular una pregunta tan simple como incómoda:
¿a quién considera exactamente “facha” o “racista” Irene Montero?
¿A quienes no piensan como ella? ¿A quienes no votan a su partido? ¿A todo aquel que discrepa de su marco ideológico?
¿Quién decide quién es “facha” o “racista” en España?
Por: José Luis Sandoval
La cuestión no es menor. En un reciente acto electoral en Zaragoza, en plena campaña en Aragón, la eurodiputada y candidata a unas eventuales elecciones generales proclamó públicamente:
“Ojalá teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora. Claro que yo quiero que haya reemplazo: reemplazo de fachas, reemplazo de racistas, reemplazo de vividores, y que podamos hacerlo con gente trabajadora, tengan el color de piel que tengan”.
Más allá de la intención política del mensaje, el problema no reside solo en lo que se dice, sino en cómo se dice y, sobre todo, en qué consecuencias tiene ese tipo de lenguaje en la sociedad.
Hablar de “barrer” a un sector de la población, aunque sea en términos simbólicos, introduce una lógica peligrosa: la de dividir a los ciudadanos entre los “buenos” y los “malos”, los “legítimos” y los “prescindibles”. La historia europea —y la española, sin ir más lejos— ha demostrado sobradamente que cuando la política empieza a clasificar personas, el terreno de juego deja de ser democrático para convertirse en moralmente resbaladizo.
Vídeo de Irene Montero sobre su ´Teoría del Remplazo´
No se trata de negar la existencia del racismo, ni de minimizar discursos de odio reales que deben combatirse con firmeza desde el Estado de derecho. Se trata de advertir del riesgo de que la lucha contra el extremismo acabe adoptando el mismo tono excluyente que dice combatir. Cuando el adversario político deja de ser un rival democrático y pasa a ser un “enemigo moral”, el pluralismo se convierte en una molestia y la discrepancia en sospecha.
La retórica del “reemplazo”, aunque se formule como inversión irónica de una teoría conspirativa asociada a la extrema derecha, introduce un concepto profundamente inquietante: la idea de que la solución política pasa por sustituir personas, no por convencer ciudadanos. La democracia, conviene recordarlo, no funciona por depuración ideológica, sino por persuasión, debate y alternancia.
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No es difícil imaginar a dónde conducen estos atajos retóricos. Primero se señala, luego se caricaturiza; más tarde se deshumaniza al discrepante. Y cuando el lenguaje político se acostumbra a presentar al otro como un estorbo que hay que “barrer”, el clima social se enrarece y la convivencia se resiente.
Cada vez que uno escucha declaraciones de este tipo, regresa a la memoria una máxima popular tan certera como incómoda:
“Los políticos siempre quieren la guerra; son los pueblos quienes la sufren.”
En este caso, no se habla de guerras con armas, pero sí de guerras culturales, identitarias y morales que fracturan el tejido social. Y esas, aunque no dejen escombros visibles, dejan un país más dividido, más crispado y menos capaz de reconocerse en la pluralidad.
La política debería aspirar a ensanchar la comunidad democrática, no a estrecharla mediante etiquetas. Porque cuando el adversario deja de ser ciudadano para convertirse en “facha”, “racista” o “prescindible”, el problema ya no es ideológico: es profundamente democrático.
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